viernes, 21 de julio de 2017

Concejales republicanos asesinados en San Fernando

81 años después del Golpe de Estado que instauró una dictadura en España, el investigador Miguel Ángel Moreno da a conocer en exclusiva los nombres de los representantes políticos de la última Corporación republicana de San Fernando asesinados entre el verano y el otoño de 1936.
Miguel Ángel López Moreno 
Publicado en La Voz del Sur el 18 julio 2017

De izquierda a derecha y de arriba a abajo Emilio Armengod Molina, Eladio Barbacil Romarín, Domingo José Bey, el alcalde, Cayetano Roldán Moreno, Manuel Barbacil Mejuto, Diego Noguera Ortega, Juan Valverde Colón y Agustín Rodríguez Nieto.
Diecisiete concejales de la última Corporación republicana de San Fernando fueron asesinados por los sublevados entre el verano y el otoño de 1936. Los dos primeros murieron el 10 de agosto. Eduardo Naranjo Gago y Carlos Urtubey Rebollo. Ambos, masones y miembros del Frente Popular. Eduardo era empleado del comercio local. Carlos, médico y jefe del Laboratorio Municipal. Dos víctimas directas, dos viudas y seis huérfanos. Ninguno quiso confesar ni recibir la eucaristía que les ofreció el sacerdote que presenció el crimen. Luego «fallecieron a consecuencia de heridas por armas de fuego» porque les aplicaron lo que los curas de la Iglesia Mayor y San Francisco llamaron Ley de Guerra, es decir, justificaron las muertes con la excusa de aplicar un bando militar que los sublevados habían impuesto por la fuerza bruta de las armas y con una intención diáfana: exterminar cualquier asomo de oposición a lo que llamaron Glorioso Movimiento Nacional. Eduardo y Carlos fueron asesinados a la salida del Penal del Puerto de Santa María y, posiblemente, enterrados sin miramientos en algún lugar que desconocemos. Los asesinos no se molestaron en inscribir sus defunciones en el Registro Civil, fueron sus viudas, años después, las que apelaron a la voluntad de los jueces.
Ochenta y seis días después asesinaban al último concejal de San Fernando, Juan Mantero Valero. Era el cuatro de noviembre de 1936. En ese lapso tiempo los represores mataron a diecisiete concejales que dejaron al menos once viudas y cuarenta y siete huérfanos…
En menos de tres meses, asesinaron a los concejales republicanos que dejaron al menos once viudas y 47 huérfanos.
Casi todos ellos, incluido el alcalde don Cayetano Roldán Moreno, fueron detenidos en los días siguientes a la sublevación militar del 18 de julio de 1936. No hay unanimidad documental en las fechas de las detenciones. Casado Montado [Trigo Tronzado. Crónicas silenciadas y comentarios. 1992/2016] explica que el alcalde Cayetano Roldán fue detenido el 19 de julio, cuando intentaba reunir a la corporación municipal en el ayuntamiento, pero fuentes familiares lo desmienten [Las emociones de la memoria. Francisco Javier Pérez Guirao, 2016]. Por su parte, Salvador Clavijo [La Ciudad de San Fernando. Historia y Espíritu. 1960] describe con aires épicos la gesta del teniente coronel golpista Ricardo Olivera Manzorro entrando armado en la sala capitular, con dos de sus conmilitones, para anular la legalidad republicana, cachear a los ediles allí reunidos y tomar el mando de la ciudad. Tales hechos debieron ocurrir en la tarde del mismo 18 de julio. A Rafael Serrano Butrón, concejal de Unión Republicana, lo detuvieron el día 20 en el propio ayuntamiento. Los relatos familiares de Manuel Belizón Castillo, republicano y primer teniente de alcalde, aseguran que nunca abandonó su deber y que fue detenido en el ayuntamiento, sin precisar el día. Eladio Barbacil Romarín, de Izquierda Republicana, estaba en Cádiz cuando se sublevaron en San Fernando. Se presentó directamente en el Ayuntamiento, el lugar que debía ocupar como autoridad directa, y allí lo detuvieron. No volvió a pisar su hogar. A otros, como Antonio Ferrer Acosta, concejal socialista, lo detuvieron en su casa, de madrugada. Su familia relata que el propio Ferrer ofreció una taza de café a los dos hombres uniformados —y armados con fusiles—, mientras él se vestía… su familia no volvió a verle. Víctor Conesa Salinas, concejal socialista, fue detenido el 21 de julio, el mismo día que Ricardo Olivera Manzorro, erigido en Comandante Militar de la Plaza, imponía como alcalde a Ricardo Isasi e Ivison, comandante de Intendencia. Lo hizo con la autoridad que le proporcionaba la fuerza bruta de las armas y, como excusa, utilizó el nombre de la República… pero poco duró entre los sublevados la justificación republicana. La realidad fue muy distinta: los militares y civiles alzados contra la legalidad normalizaron el crimen y justificaron la complicidad de sus simpatizantes para imponer un régimen de terror de inspiración fascista. Y lo hicieron con rapidez, para eliminar físicamente cualquier asomo de resistencia republicana.
Ese cuatro de noviembre, bajo el mismo pelotón, fueron asesinados un total de seis hombres. A todos ellos los sacaron del Penal de la Casería de Osio al amanecer, y fueron conducidos hasta el muro oeste del cementerio de San Fernando. Consta documentalmente que el sacerdote que presenciaba los asesinatos escuchó la confesión de Juan Mantero Valero, y que bautizó en el último minuto de su vida a otro de aquellos hombres llamado Progreso-José Cumplido Sánchez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores. Luego aplicaron a los seis el Bando de Guerra que dictaron los militares sublevados contra la República. Ese Bando de Guerra desarrollaba, hasta sus últimas consecuencias, la Base 5ª de las Instrucciones Reservadas del general Emilio Mola:
«Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas».
Y eso hicieron con los dieciséis concejales, aplicarles un castigo ejemplar. Una vez junto a la tapia del cementerio, rematados y comprobadas las muertes de todos, los represores solían atar una cuerda a los pies de cada uno de ellos y arrastraban los cuerpos hasta la fosa abierta en la zona civil del cementerio de San Fernando. Allí los sepultaban entre cal y zahorra. 
De los concejales que sobrevivieron a esta matanza, seis fueron sometidos a Juicios Sumarísimos o Procedimientos Sumarísimos de Urgencia (PSU) con distintas penas de cárcel. No hubo ninguna condena a muerte, entre otras cosas, porque la sociedad de San Fernando ya había sido convenientemente descabezada, sin juicios y sin contemplaciones. A Carlos Esteban Ares, ferroviario y concejal de Izquierda Republicana, lo expulsaron de su trabajo y le hicieron la vida imposible. José Consuegra Rodríguez, concejal de Izquierda Republicana y masón, se mimetizó en el ejército golpista donde pasó desapercibido hasta que detectaron su presencia y acabó condenado a doce años de prisión. Por su parte, José Quevedo Moreno, concejal radical independiente y primer alcalde republicano de San Fernando, fue detenido el 29 de julio de 1936, sometido a Procedimiento Sumarísimo de Urgencia, condenado a ocho años de cárcel e incautación de bienes. Posiblemente algún edil pudo escapar y desaparecer antes de caer en manos de los represores. Y, finalmente, los concejales que fueron afines a la sublevación, o los que no suponían un peligro para el éxito del alzamiento, no fueron molestados.
Una vez comprobadas las muertes de todos, los represores solían atar una cuerda a los pies de cada uno de ellos y arrastraban los cuerpos hasta la fosa abierta. Allí los sepultaban entre cal y zahorra. 
La guerra discurría lejos de San Fernando, pero ese cuatro de noviembre de 1936, los forjadores de una España grande y libre, ya habían asesinado en la ciudad, meticulosamente, con impunidad y amparados en la fuerza bruta de las armas, a ciento cincuenta y un ciudadanos, entre republicanos, sindicalistas, obreros significados, masones y militares. No serían los últimos, la matanza continuó hasta alcanzar una cifra que supera los doscientos asesinatos,  contabilizados hasta hoy. Tal sangría exterminó físicamente a los dirigentes que se podrían oponer intelectualmente a la barbarie del fascismo entrante. Ninguno murió en la Guerra Civil, en San Fernando no hubo guerra. En esta vieja Isla sólo hubo una cobarde represión.
¿Qué crímenes habían cometido estos hombres para merecer el asesinato; para tener un entierro furtivo, irrespetuoso y con nocturnidad? ¿Qué hicieron para que su memoria fuera pisoteada y olvidada durante décadas? La respuesta nos la da el propio régimen represor.
El dos de agosto de 1938, el alcalde de San Fernando recibe un telegrama del Delegado Provincial de Trabajo donde le ordena que le informe sobre la actuación de los sindicatos, las huelgas y actos de sabotaje, que tuvieron lugar en la ciudad, entre el 16 de febrero y el inicio del Glorioso Movimiento Nacional. Es decir, desde que se forma la corporación municipal del Frente Popular hasta la sublevación militar-fascista del 18 de julio de 1936. La respuesta sale seis días después:
«…En el tiempo comprendido entre el 16 de febrero de 1936  hasta la iniciación de nuestro Glorioso Movimiento Nacional, sólo existió en esta ciudad como Asociación Obrera el Sindicato Único de Trabajadores, afecto a la CNT, en donde se encontraban inscritos todos los obreros de los diversos ramos del trabajo. La actuación y desarrollo del mismo, iba encausada [sic] al planteamiento constante de huelgas, a los fines de destruir el capital y la industria. Constantemente organizaba mítines, en donde se inculcaba a los obreros la rebeldía contra los poderes constituidos y se amenazaba a las autoridades, acuciando a los obreros contra la misma [sic]. En 6 de mayo de 1936 plantearon una huelga general, por solidaridad con los obreros de la capital, que fue solucionada en 8 de igual mes…»
Continúa el alcalde explicando que «…no hubo en esta ciudad desgracia personal alguna». Y detalla los dos únicos actos de sabotaje ocurridos en ese periodo: un intento de quemar la Iglesia Mayor el nueve de marzo, descubierto y abortado a tiempo —con cuatro implicados procedentes de Cádiz y uno de San Fernando, todos ellos identificados—; y el apedreamiento de una hornacina el veintitrés del mismo mes por un grupo de jóvenes desconocidos en San Fernando.
Unos días más tarde, el 24 de agosto de 1938, el gobernador civil de la provincia envía otro telegrama al alcalde de San Fernando ordenándole remita «un estado comprensivo de las destrucciones llevadas a cabo por los marxistas…». Le responde el alcalde:
Número de casas y edificios públicos destruidos: NINGUNO.
Número de fábricas y comercios destruidos: NINGUNO.
Número de Bancos destruidos y sus pérdidas: NINGUNO.
Número y valor de museos y obras de arte destruidas: NINGUNO.
Iglesias, conventos y capillas destruidos: NINGUNO.
Calles, puentes, ferrocarriles, puertos, estaciones destruidas, número y daños materiales: NINGUNO.
Número de asesinatos cometidos en esta localidad: NINGUNO.
En este apartado, aprovecha el alcalde para explicar el atentado ocurrido el 12 de noviembre de 1933 en el Teatro de Comedias durante un mitin de José A. Primo de Rivera con el resultado de un muerto y tres heridos.
A comienzos del año 1937, la sociedad isleña estaba adocenada, descabezada… y, en consecuencia, las fosas comunes llenas de cadáveres anónimos.
Es decir, a la vista de estos informes del propio Régimen, si la represión desplegada en San Fernando fuera consecuencia de la agitación social, desmanes y crímenes cometidos en el tiempo del Frente Popular, entonces sería una represión absolutamente desproporcionada. Pero es evidente que esa no fue la causa. La violencia posterior al golpe militar obedece a un plan minucioso para descabezar cualquier oposición. La represión no se limitó al asesinato de los concejales del Frente Popular que, como representantes de la legalidad republicana, su sola presencia física denunciaba el crimen que cometían los sublevados. La represión en la forma extrema del asesinato, con la liturgia de fusilamientos judiciales, alcanzó —sin entrar a valorar lo ocurrido en el ámbito militar— a los dirigentes sindicales y a los obreros que se habían significado en el proceso de empoderamiento popular que ocurrió en los últimos meses de la Segunda República. Por otro lado, en forma menos definitiva, el proceso represivo expulsó de las administraciones a todos los trabajadores sospechosos de izquierdismo, hasta dejar una gestión municipal sumisa y adicta al nuevo Régimen. A comienzos del año 1937, la sociedad isleña estaba adocenada, descabezada… y, en consecuencia, las fosas comunes llenas de cadáveres anónimos.
Plaza del Ayuntamiento de San Fernando sin la estatua del general golpista Varela.
Han pasado ochenta y un años. Es tiempo de que todos, comenzando por la actual Corporación Municipal de San Fernando, recuperemos la memoria y la dignidad de los ciudadanos asesinados. Sería un buen comienzo, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, declamar en voz alta, a la sombra de los represores que aún campean en las plazas de la ciudad, sus nombres. Explicar la identidad de cada uno de ellos y recuperar la memoria de los concejales asesinados por el fascismo. Las entidades memorialistas de San Fernando, AMEDE y ARMI, ayudaremos en todo lo que podamos.
Concejales de la última Corporación Republicana de San Fernando asesinados después del 18 de julio de 1936
1.- EMILIO ARMENGOD MOLINA. Concejal por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Unión Republicana y masón. Representante de compañía de seguros. De 37 años. Se retractó de la masonería, confesó y comulgó antes de morir. Le aplicaron la Ley de Guerra. Muere el 16-08-1936 en el camino de Puerto Real al Puerto de Santa María a consecuencia de heridas de armas de fuego. Enterrado en Puerto Real. «Murió a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional, por su oposición al mismo». Dejó viuda y cinco hijos. Inscrita la defunción en 1939 a instancia de la viuda.
2.- ELADIO BARBACIL ROMARÍN. Concejal por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Izquierda Republicana y masón. Electricista, de 45 años. Falleció en el Puerto de Santa María el día 27-10-1936, al amanecer, a consecuencia de heridas por armas de fuego. «…en los primeros días del G.M.N. fue detenido por orden del Excmo. Sr. Almirante Jefe de esta Base Naval e ingresado en la Prisión Central del Puerto de Santa María, siendo creencia general que fue pasado por las armas…». Dejó viuda y seis hijos. Inscrita la defunción en 1939 a instancia de la viuda.
3.- MANUEL BELIZÓN CASTILLO. Concejal electo en las municipales de 31 agosto 1931. Destituido por orden gubernativa tras los sucesos revolucionarios de Asturias en 1934. Repuesto en su cargo después de las elecciones generales de 16 febrero 1936. Primer teniente de alcalde en la última corporación republicana. Posiblemente detenido en el ayuntamiento de San Fernando el 18 de julio. Preso en el Penal del Puerto de Santa María. Su mujer le visitaba periódicamente hasta que en noviembre de 1936 le devolvieron una manta a modo de despedida.
4.- EDUARDO DÍAZ DELGADO. Concejal por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Socialista. Electricista de 33 años. No aceptó los sacramentos. Se le aplicó la Ley de Guerra. Pasado por las armas a la salida del Penal del Puerto de Santa María, en las primeras horas de la mañana del día 11-08-1936, por su oposición al triunfo del Glorioso Alzamiento Nacional. Enterrado en el Puerto de Santa María. Dejó viuda y tres hijos. Inscrita la defunción en 1939 a instancia de la viuda.
5.- ANTONIO FERRER ACOSTA. Concejal electo en las municipales de 31 agosto 1931. Destituido por orden gubernativa tras los sucesos revolucionarios de Asturias en 1934. Repuesto en su cargo después de las elecciones generales de 16 febrero 1936. Socialista. Detenido de madrugada, en su casa. Asesinado el 11-08-1936 por aplicación de la Ley de Guerra. No aceptó los sacramentos. Enterrado en el Puerto de Santa María.
6.- MARCIANO GONZÁLEZ MEDINA. Concejal electo en las municipales de 31 agosto 1931. Destituido por orden gubernativa tras los sucesos revolucionarios de Asturias en 1934. Repuesto en su cargo después de las elecciones generales de 16 febrero 1936. Republicano independiente y masón. De 34 años. Soltero. No recibió sacramentos. Le aplicaron la Ley de Guerra. Asesinado el 11-08-1936. Enterrado en el Puerto de Santa María. «Falleció al inicio de nuestro Glorioso Movimiento Nacional por ser sancionado por la Ley». La defunción no aparece inscrita en el Registro Civil de San Fernando.
7.- FRANCISCO HIERRO BENÍTEZ. Concejal electo en las municipales de 31 agosto 1931. Destituido por orden gubernativa tras los sucesos revolucionarios de Asturias en 1934. No perteneció a la última corporación republicana. Socialista. Su nombre, junto a sus compañeros de corporación asesinados en 1936, aparece marcado  con una cruz en las actas capitulares de los días 08-07-1931,  25-09-1931 y 20-03-1932.
8.- JOSÉ LUCAS VELÁZQUEZ. Concejal por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Maestro con escuela propia, de 28 años. Casado, dejó un hijo póstumo. Izquierda Republicana y masón. Confesó antes de morir. Le aplicaron la Ley de Guerra. Asesinado en la madrugada del 28-08-1936 «al parecer por armas de fuego». Enterrado en San Fernando. Inscrita su defunción en el registro civil de San Fernando en 1937, a instancias de su viuda. «…fue detenido el 10 de agosto de 1936, ingresado en el Hospital Militar de San Carlos de San Fernando en calidad de detenido…».
9.- JUAN MANTERO VALERO. Concejal del Frente Popular por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. De 44 años. Casado, con seis hijos. Confesó. Asesinado en la mañana del 04-11-1936 por disparos de armas militares, en aplicación de Ley de Guerra. Confesó antes de morir. Enterrado en San Fernando. Inscrita su defunción en el registro civil de la ciudad en 1938, a instancias de su viuda.
10.- JUAN MORENO CABEZAS. Concejal del Frente Popular por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Guardia civil retirado. Comunista. De 58 años. Casado, deja tres hijos. Se resistió antes de morir asesinado el 17-08-1936 en aplicación de Ley de Guerra, cerca del barrio Jarana. No recibió sacramentos. Enterrado en Puerto Real. Inscrita su defunción en el registro civil de San Fernando en 1949, a instancias de su viuda.
11.- EDUARDO NARANJO GAGO. Concejal electo en las municipales de 31 agosto 1931. Destituido por orden gubernativa tras los sucesos revolucionarios de Asturias en 1934. Repuesto en su cargo después de las elecciones generales de 16 febrero 1936. Socialista y masón. De 42 años. Casado, dejó seis hijos. No confesó. Asesinado el 10-08-1936 por aplicación de Ley de Guerra en el Puerto de Santa María. Inscrita su defunción en el registro civil de San Fernando en 1948, a instancias de su viuda.
12.- ANTONIO PÉREZ HEREDIA. Concejal del Frente Popular por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Comunista. Devolvió al sacerdote el escapulario de la Virgen del Carmen y confesó antes de morir, pero se negó a recibir la absolución. Se le aplicó la Ley de Guerra. Asesinado el 10-09-1936. Enterrado en San Fernando.
13.- LUIS RAMOS LAGUNA. Concejal del Frente Popular por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Unión Republicana. De 51 años. Casado, dejó siete hijos. Muerto «en el Puerto de Santa María el día 21-10-1936 a consecuencia de heridas por armas de fuego. Su cadáver recibió sepultura en el cementerio del Puerto de Santa María». Inscrita su defunción en el registro civil de San Fernando en 1940, a instancias de su viuda.
14.- CAYETANO ROLDÁN MORENO. Concejal electo en las municipales de 31 agosto 1931. Destituido por orden gubernativa tras los sucesos revolucionarios de Asturias en 1934. Repuesto en su cargo después de las elecciones generales de 16 febrero 1936. Alcalde de la ciudad desde 25 de febrero hasta el 18 de julio de 1936. Socialista. Médico, de 53 años. Casado, con ocho hijos (tres de ellos asesinados también). Asesinado en San Fernando el 29-10-1936, «en su madrugada, a consecuencia de heridas por armas de fuego» en aplicación de Ley de Guerra. Enterrado en San Fernando. Inscrita su defunción en el registro civil de San Fernando en 1937, a instancias de su viuda.
15.- MARCIAL RUIZ PÉREZ. Concejal del Frente Popular por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Unión Republicana y Socialista. De 24 años de edad. «…dicho individuo falleció a la iniciación de nuestro Glorioso Movimiento Nacional» en el Puerto de Santa María. «… siendo detenido a los pocos días con todos sus componentes [concejales], pasando al Penal de la Casería, luego al del Puerto de Santa María, donde al dirigirse a visitarle [su madre], le manifestaron que ya no se encontraba allí, haciéndole suponer había sido eliminado…».
16.- ESTEBAN SALAMERO BERNAL. Intervino en el izado de la bandera republicana el 14 de abril de 1931 en el Ayuntamiento de San Fernando. Concejal electo en las municipales de 31 agosto 1931. Renuncia por decisión propia en 1934. Concejal del Frente Popular por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Comunista. De 39 años de edad. Deja un hijo natural reconocido. No recibió sacramentos. Le aplicaron Ley de Guerra. Asesinado el 11-08-1936 en el Puerto de Santa María «con motivo del Movimiento Nacional». Inscrita su defunción en el registro civil de San Fernando en 1946, a instancias de la madre de su hija natural.
17.- CARLOS URTUBEY REBOLLO. Concejal del Frente Popular por designación gubernativa desde 28 febrero 1936. Médico, de Izquierda Republicana y masón. De 46 años. Casado, sin hijos. «…siendo de verdaderas ideas extremistas, por cuyo motivo fue detenido e ingresado en el penal del Puerto de Santa María, donde falleció pocos días después…». No recibió sacramentos. Le aplicaron Ley de Guerra. Asesinado el 10-08-1936 «a consecuencia de heridas por armas de fuego». Enterrado en la misma ciudad. Inscrita su defunción en el registro civil de San Fernando en 1939, a instancias de su viuda.

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