San Fernando (Cádiz), Junio de 2017
Publicado en Diario Bahía de Cádiz, Todos los nombres, El Castillo de San Fernando...
Señora presidenta de la Junta de Andalucía:
Los muertos
esperan desde hace ochenta años. Sabemos dónde están y que son demasiados. Seis
de los asesinados durante el terror fascista en San Fernando durante 1936, ya
nos miran, inmóviles y descarnados, desde el fondo de la fosa. Esperan ser
exhumados, identificados y enterrados con la dignidad que merecen. Eso es lo
que esperan de nosotros.
Aún no sabemos
quiénes son esos seis hombres —como usted sabe, la primera fase de la
excavación sólo eran sondeos arqueológicos para localizarlos—. Y son muchos
más. La lista de víctimas es larga. Podrían ser concejales de la última
corporación republicana de San Fernando, sindicalistas, obreros significados,
militares que no se decidieron a apoyar la sublevación, vecinos denunciados por
otros vecinos, etc. Uno de esos seis cuerpos podría ser el de Juan Mantero
Valero, el último de los dieciséis concejales de San Fernando asesinados entre
agosto y noviembre de 1936. Tal vez.
Un 4 de noviembre de tal
año mataron a Mantero, edil republicano del Ayuntamiento de San Fernando. Tenía
44 años y bastó una bala de fusil para dejar ocho víctimas directas: él, su
viuda y seis huérfanos. El resto de su familia, sus vecinos y amigos cercanos
quedaron instalados en la inacción por miedo. Su muerte no fue la consecuencia
de una causa judicial, sus homicidas le aplicaron un Bando de Guerra ilegal que
impusieron por la fuerza bruta de las armas y por la voluntad expresa de
exterminar cualquier disidencia a su causa. Los ejecutores pensaron detenidamente
cómo quitarle la vida y se aseguraron dos cosas. Primero, que la víctima no pudiera
defenderse y, segundo, que el acto de su muerte no supusiera ningún riesgo físico
para ellos mismos. No ejecutaron a Juan Mantero Valero, lo mataron con
premeditación, impunidad y alevosía. Fue un asesinato…
Pero Juan Mantero
Valero no era un criminal, fue un obrero metido a concejal desde el 27 de
febrero de ese año. Su delito —y el de sus compañeros de corporación asesinados
o represaliados— fue tener «ideas izquierdistas y/o ser masón» y, lo que era
peor, representaba la legitimidad republicana y con ello la inquina de los
sublevados contra ella. Lo decía expresamente el artículo 8º del Bando de
Guerra que dictó el gobernador militar de la provincia de Cádiz, López-Pinto,
el 18 de julio de 1936:
«Serán depuestas las autoridades principales o
subordinadas que no ofrezcan confianza y no presten auxilio debido, y
sustituidas por las que designe».
Juan Mantero
Valero era autoridad republicana, izquierdista y masón, condiciones que
resultaban incompatibles con la patria única, grande y libre que plantearon los
sublevados contra la República.
Señora presidenta de
la Junta de Andalucía,
él y todos los asesinados en San Fernando, esperan desde el fondo de su fosa a
que los políticos actuales decidan dar el paso siguiente: sacarlos a todos,
identificarlos y darles una digna sepultura.
Como usted debe
saber, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática de San
Fernando (AMEDE), integrada por familiares de represaliados por el franquismo, bajo
la dirección de un equipo técnico muy implicado (arqueólogo, topógrafo,
antropólogos y voluntarios), también con la magnífica ayuda logística del Ayuntamiento
de la ciudad y un convenio económico con la Diputación Provincial de Cádiz —incumplido
a fecha de hoy, por cierto—, comenzó las catas arqueológicas en el cementerio
de la ciudad el mismo día de noviembre que Donald Trump ganó las elecciones en
Estados Unidos. Un mes más tarde encontramos los primeros restos. Tienen
ustedes un informe preciso de más de 500 páginas, con los aspectos
arqueológicos y topológicos de la excavación realizada, con los detalles de
cada cuerpo localizado que expone el antropólogo forense, con las
circunstancias que explica el antropólogo social. Y, además, tienen ustedes las
estimaciones presupuestarias y la firme voluntad de los familiares de
represaliados para sacarlos a todos en la siguiente fase. Y, finalmente, tienen
ustedes, señora presidenta, una flamante Ley de Memoria Histórica que esperamos
sea ágil para que nos sirva a todos.
Desde que
finalizaron los trabajos de localización, los muertos siguen en el fondo de la
fosa. Tapados con una lona, a merced de gatos, ratas y elementos… esperando que
nuestras autoridades políticas autoricen a sacarlos, identificarlos y darles
una sepultura digna.
Señora
presidenta, ¿qué les impide tomar una decisión?
Asociación por la
Recuperación de la Memoria Democrática,Social y Política
de San Fernando. (AMEDE)
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