Posiblemente empezó siendo un templo romano al dios Juno. Siglos más tarde, entre los años 780 y 785, y en el mismo solar, Abd al-Rahman I construyó la Mezquita Aljama de Córdoba. Al-Mansur, en el año 988, la amplió y finalizó. Luego, las huestes de Fernando III conquistaron la ciudad, cristianizaron el lugar islámico, y en 1236 se consagró como catedral. La Mezquita de Córdoba es un lugar extraordinario, desde el año 1984 es Patrimonio Universal de la Humanidad…
…sin embargo, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad número cuatro de Córdoba: tomo 2381, libro 155, folio 198.
El trámite costó apenas 30 euros. Tal tropelía fue posible gracias a dos ‘milagros’ consecutivos.
El primero, porque el presidente José María Aznar modificó la ley hipotecaria en 1998. Ese cambio permite a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles (en este caso de la humanidad) Para ello basta con que el señor obispo de fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario y aunque esté en evidente contradicción con la historia.
El segundo milagro: el presidente Zapatero no cambió la ley en ocho años.
Disponer en propiedad la Mezquita de Córdoba, un edificio de 23.400 metros cuadrados en pleno centro de Córdoba y patrimonio de todos los hombres, le sale gratis a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana no paga el IBI en España, y tampoco se ocupa de los gastos de conservación que, por cierto, deben ser elevados.
Sin embargo, se beneficia de la visita turística a la Mezquita de Córdoba. La entrada cuesta 8 euros por persona. Al año recibe más de un millón de visitantes. No se entrega factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos. ¿Por qué? Porque se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación.
El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita a su absoluta voluntad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque haya, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Por supuesto, la Iglesia también decide quién puede y quien tiene prohibido rezar dentro de la mezquita-catedral. Católicos sí; musulmanes, no. Sin embargo, ya decimos, los gastos de restauración y conservación NO los paga la Iglesia: los PAGA el Estado con los impuestos que recauda de cada uno de nosotros.
Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios públicos, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad.
Rubalcaba prometió reformar esta ley en su programa electoral.
Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero: este privilegio medieval nos cuesta 3.000 millones de euros al año, ¡una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy!
¿IBI a cambio de caridad cristiana a través de Cáritas y ONG’s católicas? Podría ser, no está mal, pero muchos preferimos derechos y solidaridad colectiva frente a caridad. La caridad es un extraordinario valor personal, sin duda, pero también es una derrota como pueblo.
…sin embargo, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad número cuatro de Córdoba: tomo 2381, libro 155, folio 198.
El trámite costó apenas 30 euros. Tal tropelía fue posible gracias a dos ‘milagros’ consecutivos.
El primero, porque el presidente José María Aznar modificó la ley hipotecaria en 1998. Ese cambio permite a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles (en este caso de la humanidad) Para ello basta con que el señor obispo de fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario y aunque esté en evidente contradicción con la historia.
El segundo milagro: el presidente Zapatero no cambió la ley en ocho años.
Sin embargo, se beneficia de la visita turística a la Mezquita de Córdoba. La entrada cuesta 8 euros por persona. Al año recibe más de un millón de visitantes. No se entrega factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos. ¿Por qué? Porque se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación.
El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita a su absoluta voluntad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque haya, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Por supuesto, la Iglesia también decide quién puede y quien tiene prohibido rezar dentro de la mezquita-catedral. Católicos sí; musulmanes, no. Sin embargo, ya decimos, los gastos de restauración y conservación NO los paga la Iglesia: los PAGA el Estado con los impuestos que recauda de cada uno de nosotros.
Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios públicos, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad.
Rubalcaba prometió reformar esta ley en su programa electoral.
Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero: este privilegio medieval nos cuesta 3.000 millones de euros al año, ¡una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy!
¿IBI a cambio de caridad cristiana a través de Cáritas y ONG’s católicas? Podría ser, no está mal, pero muchos preferimos derechos y solidaridad colectiva frente a caridad. La caridad es un extraordinario valor personal, sin duda, pero también es una derrota como pueblo.
(Una parte de este texto circula libremente por internet. Lo he retocado, ampliado y personalizado)
No hay comentarios:
Publicar un comentario