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Finalizada la guerra civil española, las
autoridades victoriosas inician una recopilación minuciosa de los «hechos
delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación
roja». Pero no sólo investigaron las acciones
delictivas —que las hubo, muchas y gravísimas, y las castigaron con creces—,
sino que investigaron las actuaciones acometidas por las autoridades
republicanas de izquierda, en el ejercicio de sus funciones, desde la
instauración de la II República, en abril de 1931, hasta el comienzo del Glorioso
Movimiento Nacional, el 18 de julio de 1936. Esta aberración jurídica
criminalizaba a posteriori lo que en
su momento eran actos administrativos conformes a la ley. Sin embargo, este
enorme proceso, que se conoce como Causa General, no se inicia con el Decreto
de 26 de abril de 1940 del Ministerio de Justicia, existieron procesos
provinciales iniciados en Zonas Liberadas
durante el transcurso de la guerra... es el caso de San Fernando y la provincia
de Cádiz.
La búsqueda de responsabilidades, con las
que justificar los asesinatos que ya se habían cometido en la ciudad, se inicia
en el verano de 1938. En ese momento los vecinos de San Fernando asesinados por
militares sublevados y por fascistas se acercaban a los doscientos. Ese dos de
agosto de 1938 el alcalde de San Fernando, Antonio Rodríguez, recibe un
telegrama-circular del Delegado Provincial de Trabajo en el que le ordena lo
siguiente:
«PARA CUMPLIMENTAR SERVICIO URGENTE ENCOMENDADO POR LA SUPERIORIDAD RUEGO
VS ENVÍE BREVEDAD POSIBLE DOCUMENTO EXPRESIVO CUAL FUESE ACTUACIÓN Y DESARROLLO
DISTINTOS SINDICATOS ESA CIUDAD. HUELGAS O ACTOS DE SABOTAGE [sic] TUVIERAN
LUGAR. REPARTOS Y ASENTAMIENTOS OBREROS AGRÍCOLAS Y HUELGAS DE INQUILINOS
FINCAS URBANAS PLANTEADAS PERIODO COMPRENDIDO DESDE 16 FEBRERO 936 A INICIACIÓN
GLORIOSO MOVIMIENTO NACIONAL. SALÚDOLE. ARRIBA ESPAÑA»
Es decir, quería saber qué había pasado en
la ciudad durante el gobierno municipal del Frente Popular. La respuesta sale
seis días después.
«En el tiempo comprendido entre el 16 de febrero de 1936 hasta la
iniciación de nuestro Glorioso Movimiento Nacional, sólo existió en esta ciudad
como Asociación Obrera el Sindicato Único de Trabajadores, afecto a la CNT, en
donde se encontraban inscritos todos los obreros de los diversos ramos del trabajo.
La actuación y desarrollo del mismo, iba encausada [sic] al planteamiento
constante de huelgas, a los fines de destruir el capital y la industria.
Constantemente organizaba mítines, en donde se inculcaba a los obreros la
rebeldía contra los poderes constituidos y se amenazaba a las autoridades,
acuciando a los obreros contra la misma [sic]. En 6 de mayo de 1936 plantearon
una huelga general, por solidaridad con los obreros de la capital, que fue
solucionada en 8 de igual mes...»
Continúa el alcalde de San Fernando concretando
que «...no hubo en esta ciudad desgracia personal alguna». Y explica los dos
únicos actos de sabotaje ocurridos durante el gobierno del Frente Popular:
«...solo puede detallarse el intento de incendio de la Iglesia Mayor
Parroquial, hecho ocurrido en 9 de marzo de 1936, así como en 23 de igual mes y
año, varios jóvenes que vendían el periódico “Mundo Obrero”, apedrearon y
destruyeron una imagen que había colocada en hornacina existente en la Avenida
General Varela, esquina a la Santísima Trinidad...»
No explicó el señor alcalde a la
superioridad, que los que intentaron quemar la Iglesia Mayor fueron detenidos
por las autoridades del Frente Popular ese mismo día. Que, por orden del juez
de instrucción Marcelino Rancaño, fueron encarcelados en la prisión de San
Fernando. Que fueron encausados en el sumario 32/1936 por incendio y en el
164/1936 por sedición. Que se llamaban José Mateo Callealta, Fernando
Oliva Iglesias, José Fraga Cruz, Pedro Montero Cabezas, José Gavilán Mendoza y
Diego Marín Fernández. Los primeros, de Cádiz. El último, de San Fernando.
Tampoco explicó el señor alcalde que, por orden del juez de instrucción, todos
ellos acabaron encarcelados en el Penal del Puerto de Santa María el 21 de
marzo de 1936… y que allí, en tan peligroso lugar, les alcanzó el Glorioso Movimiento
Nacional. Luego, cuando ya no mandaban las hordas
marxistas del Frente Popular, sino las nuevas autoridades emanadas de la
fuerza bruta de las armas, a Diego Marín lo sacaron
del penal el 23 de agosto y lo fusilaron. Su viuda fue la que logró que
inscribieran su muerte en 1944. Del resto de los incendiarios, por el momento,
no sabemos nada. Pero duda servidor que unos rojos que intentaron quemar la Iglesia Mayor sobrevivieran al Penal
del Puerto de Santa María en manos de las nuevas autoridades. Tampoco sabemos
nada de los jóvenes que apedrearon la imagen de la hornacina. El informe de la guardia
municipal dice que los sujetos huyeron a Cádiz y ahí perdemos la pista…
Unos días más tarde, el 24 de agosto de
1938, siguiendo con la recopilación de datos iniciada, el gobernador civil de
la provincia, Daniel Araujo, le dice al alcalde:
«Para dar cumplimiento a órdenes recibidas de la Superioridad ordenará
preparar y remitirá en el más breve plazo posible un estado comprensivo de los
extremos que siguen en relación con la actuación marxista en España…».
Se está refiriendo a la actuación del
Frente Popular, febrero-julio de 1936. Y, siguiendo el formulario que le
propone el gobernador, el alcalde de San Fernando responde lo siguiente:
Número de casas y edificios públicos destruidos: NINGUNO.
Número de fábricas y comercios destruidos: NINGUNO.
Número de Bancos destruidos y sus pérdidas: NINGUNO.
Número y valor de museos y obras de arte destruidas: NINGUNO.
Iglesias, conventos y capillas destruidos: NINGUNO.
Calles, puentes, ferrocarriles, puertos, estaciones destruidas, número y
daños materiales: NINGUNO.
Número de asesinatos cometidos en esta localidad: NINGUNO.
En este último apartado, se ve que para introducir
algún hecho destacable —aunque ocurrido tres años antes de la llegada del
Frente Popular—, aprovecha el alcalde para explicar el atentado perpetrado en
el Teatro de las Cortes el 12 de noviembre de 1933. Ese día, durante la
celebración de un mitin organizado por Acción Ciudadana de San Fernando, en el
que intervendrían José María Pemán, Ramón de Carranza, José A. Primo de Rivera
y otros, unos pistoleros dispararon desde uno de los palcos provocando un muerto
y tres heridos. Pero no fue un crimen impune. En agosto de 1938, cuando se
emite este informe, los cuatro implicados habían sido detenidos y pagado sus
culpas.
Es decir, cuando las
autoridades franquistas inician la búsqueda de información, tanto los
responsables del atentado del Teatro de las Cortes en 1933 como los que
intentaron incendiar la Iglesia Mayor en 1936, estaban encarcelados, muertos o desaparecidos. Entonces... ¿De
qué eran culpables los casi doscientos vecinos de San Fernando asesinados por
los franquistas para merecer la muerte? ¿Qué actos habían cometido?
Habían hecho una
huelga de dos días en solidaridad con los trabajadores de Cádiz y habían
celebrado múltiples reuniones en las que «...se
inculcaba a los obreros la rebeldía contra los poderes constituidos...». Es lo
que había dado de sí el periodo de dominación
marxista en la ciudad.
No. La represión desplegada
en San Fernando no fue consecuencia de insoportables agitaciones sociales,
desmanes o crímenes cometidos en ese periodo, porque, según las propias autoridades franquistas, no los hubo en la
ciudad. La violencia posterior al golpe de estado (asesinatos, desapariciones
forzadas, depuraciones de funcionarios, maestros y guardias; encarcelamientos
arbitrarios, etc.), obedeció a una meditada planificación —en la que
intervinieron la cúpula militar del Departamento Marítimo de Cádiz y la Falange
de San Fernando— que consiguió descabezar cualquier intento de oposición. Es lo
que indicaban las directrices del urdidor del golpe, el general Emilio Mola
Vidal:
«Hay que sembrar el
terror... hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni
vacilación a todos los que no piensen como nosotros».
«Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo
violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.
Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos,
sociedades o sindicatos no afectos al movimiento aplicándoles castigos
ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de
rebeldía o huelgas».
Pero la represión en esta
ciudad no se limitó al asesinato (el general Mola lo llamaba castigo ejemplar) del alcalde y concejales
del Frente Popular que, como representantes de la legalidad republicana, su
sola presencia física denunciaba el crimen que cometían los sublevados. El asesinato,
con la liturgia de fusilamientos judiciales, alcanzó —sin entrar a valorar lo
ocurrido en el ámbito militar— a los dirigentes de partidos políticos de
izquierda, masones, sindicalistas y a los obreros que se habían significado en
el proceso de empoderamiento popular que ocurrió en los últimos meses de la
Segunda República. Por otro lado, el proceso represivo expulsó de las
administraciones a todos los trabajadores sospechosos de haber colaborado abiertamente
con las políticas emanadas de la República. El gobernador civil de Cádiz se lo recordaba
al alcalde de San Fernando en agosto de 1936:
«...en virtud
de las atribuciones delegadas por el Excmo. Sr. General Comandante Militar de
la Plaza [general López Pinto], que en cada ayuntamiento se verifique una
escrupulosa depuración del personal de todas las clases y categorías
dependientes de ellos para que fulminantemente queden separados definitivamente
de sus cargos todos aquellos que hubiesen tenido relación con el llamado Frente
Popular y se dedicaron a actuar políticamente contribuyendo con ello a la ruina
que para la Patria ha significado el mencionado Frente Popular».
Y lo hicieron magistralmente.
Lo hicieron hasta dejar una gestión municipal sumisa y adicta al nuevo Régimen.
A comienzos del año 1937, los militares y falangistas que mandaban en San
Fernando habían conseguido una ciudad descabezada de todo liderazgo político y
sindical, una sociedad sumisa, un pueblo aterrorizado...
...y, en consecuencia, dejaron
las fosas comunes de la ciudad repletas de cadáveres anónimos. Habían
triunfado.
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